RSU en la Universidad de Panamá

La Universidad de Panamá desde sus orígenes, se ha comprometido de forma  ineludible con el desarrollo nacional caracterizado por su permanente vinculación con los sectores más excluidos de la sociedad. Por ello, atenta a los requerimientos de la educación superior del siglo XXI, se ha propuesto un conjunto de transformaciones tendientes a adecuarse a la era del conocimiento y poder enfrentar los retos presentes y futuros de la sociedad en todos lo niveles. 

Un aspecto relevante en este sentido es la formulación de un conjunto de políticas tendientes a asegurar la calidad, pertinencia y equidad de la organización; fundamentadas en las demandas de la sociedad panameña y en concordancia con la misión y visión institucional. En este contexto aparece la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) como una de las seis (6) políticas universitarias, aprobadas por el Consejo General Universitario Nº 5 -07 del 30 de agosto del 2007.

Vale destacar que la RSU fue uno de los elementos evaluados para alcanzar la Acreditación Institucional (2012), insertado en los componentes relativos a políticas de Extensión e Igualdad de Oportunidades. De esta manera se observa en el Informe de Autoevaluación Institucional (2012) para la acreditación, que “la percepción que tiene la comunidad universitaria con relación a la imagen que proyecta la Universidad como institución de educación superior en materia de responsabilidad social, es de regular a buena (encuesta realizada 1er semestre de 2011 a docentes, estudiantes de postgrado, estudiantes de pre grado y administrativos).

Sin duda, la formulación e implementación de una política educativa orientada a la RSU supone grandes esfuerzos en pos de un modelo más responsable. Esto implica cambios y ajustes a la organización universitaria desde las perspectiva administrativa y de procesos de la gestión interna asegurando con ello un “campus responsable”, así como el desarrollo de acciones en el plano  académico  incidiendo en la forma en que se enseña y se aprende, lo que incluiría cambios y/o ajustes en el currículo y revisión de las líneas y los tipos de investigación que se realizan; además de un esfuerzo decidido para la conformación de “comunidades de aprendizaje mutuo”, en las que se involucren no solo los miembros de la comunidad universitaria (administrativos, estudiantes y los profesores) sino también los diferentes “públicos” (egresados, competidores, comunidades locales, proveedores de servicios, el Estado, entre otros) que mantienen vínculos con la organización. Todo este esfuerzo requerirá de una estrategia bien pensada y articulada para la comunicación de la política y a su vez de un sistema de seguimiento y monitoreo acerca de su ejecución con indicadores específicos.